Al dictado de los mercados de valores, el Gobierno impulsa un drástico plan de ajuste del gasto público, cargando la factura de la crisis sobre los sectores de las clases populares vinculados a los Presupuestos Generales del Estado.El plan propuesto no concilia ni reparte equitativamente esfuerzos y derechos entre grupos y sectores sociales. No facilita un crecimiento con empleo y cohesión social.
Mantiene los privilegios de las rentas altas y del capital. Desistiendo de incrementar ingresos, como han procurado en Francia o Portugal, reduce prestaciones y derechos sociales y retributivos; suprime inversión y empleo públicos. Además, contribuye al deterioro de los servicios a la comunidad, renunciando a su papel como motor de desarrollo y cohesión en tiempos de crisis.
El Gobierno, de forma unilateral, propugna un plan que:
Renuncia a mejorar los ingresos públicos procedentes de las rentas altas.
Restringe derechos. Congela pensiones, elimina ayudas por natalidad, restringe prestaciones por dependencia, limita el acceso a la jubilación parcial y vulnera el derecho a la negociación colectiva del sector público.
Incumple acuerdos En el “Pacto de Toledo”, sustentado en el consenso de las fuerzas políticas y sociales, para asegurar nuestro sistema de pensiones.
En el sector público, dilapidando los esfuerzos de moderación salarial y del empleo, suscritos con las organizaciones sindicales más representativas.
Reduce drásticamente la inversión pública. Renunciando a uno de los motores de desarrollo económico y social de futuro, generador de empleo y cohesión social y territorial.
Restringe el empleo público. Suprime, en la Administración del Estado, 17.000 empleos en dos años y abre la vía para eliminar más de 50.000 en los servicios y administraciones públicas.
Reduce las ofertas de empleo y la cobertura de vacantes, incluso en los servicios esenciales, restringe la movilidad y el desarrollo profesional y mantiene una alta temporalidad laboral, en el entorno del 24%. Uno de cada cuatro empleos públicos es temporal.
Reduce salarios. Aplica una rebaja del 5% del salario en el sector público, que impone una pérdida de la capacidad adquisitiva real superior al 7%, en 2010, para más de tres millones de personas que trabajan en las administraciones y servicios públicos, incluyendo amplios colectivos de baja capacidad adquisitiva, anunciando su congelación para 2011.
Deteriora servicios públicos. Reduce el gasto, la inversión, el empleo y los servicios y prestaciones en el sector público, que dejan de cumplir su papel de motor para el desarrollo económico y la cohesión social, especialmente necesario en tiempos de crisis.
Restringe derechos. Congela pensiones, elimina ayudas por natalidad, restringe prestaciones por dependencia, limita el acceso a la jubilación parcial y vulnera el derecho a la negociación colectiva del sector público.
Incumple acuerdos En el “Pacto de Toledo”, sustentado en el consenso de las fuerzas políticas y sociales, para asegurar nuestro sistema de pensiones.
En el sector público, dilapidando los esfuerzos de moderación salarial y del empleo, suscritos con las organizaciones sindicales más representativas.
Reduce drásticamente la inversión pública. Renunciando a uno de los motores de desarrollo económico y social de futuro, generador de empleo y cohesión social y territorial.
Restringe el empleo público. Suprime, en la Administración del Estado, 17.000 empleos en dos años y abre la vía para eliminar más de 50.000 en los servicios y administraciones públicas.
Reduce las ofertas de empleo y la cobertura de vacantes, incluso en los servicios esenciales, restringe la movilidad y el desarrollo profesional y mantiene una alta temporalidad laboral, en el entorno del 24%. Uno de cada cuatro empleos públicos es temporal.
Reduce salarios. Aplica una rebaja del 5% del salario en el sector público, que impone una pérdida de la capacidad adquisitiva real superior al 7%, en 2010, para más de tres millones de personas que trabajan en las administraciones y servicios públicos, incluyendo amplios colectivos de baja capacidad adquisitiva, anunciando su congelación para 2011.
Deteriora servicios públicos. Reduce el gasto, la inversión, el empleo y los servicios y prestaciones en el sector público, que dejan de cumplir su papel de motor para el desarrollo económico y la cohesión social, especialmente necesario en tiempos de crisis.
20 de mayo, a las 18:00 h
CONCENTRACION en la SUBDELEGACION DEL GOBIERNO de ALICANTE
Ponemos AUTOBUSES, salida desde CCOO
(Poligono de Carrús), a las 17:10 h.
(confirma tu asistencia en la Sección Sindical de CCOO: tlf 96 665 80 91 o a ccoo@ayto-elche.es)
8 de junio
HUELGA EMPLEADOS PUBLICOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario