Contra la agresión del Gobierno a los servicios públicos
Arturo León, Juan Cruz, Miguel Ángel Vera
Nadie niega la presión que están ejerciendo los especuladores financieros sobre la deuda del Estado Español. Y nadie niega que el Estado debe dar una respuesta adecuada mostrando que posee recursos suficientes para devolver los préstamos que reciba ahora. Pero el
Gobierno se ha equivocado atacando al Estado del Bienestar, reduciendo condiciones sociales y atacando al sector público. Es lo fácil y lo demagógico, alimentado por el deleznable imaginario popular de unos servidores públicos que son «unos privilegiados». El Gobierno centra el ajuste presupuestario y la lucha contra el déficit rebajando el salario de quien tiene un empleo público y congelando las pensiones. No lo ha hecho regulando los mercados financieros en los que se mueven tan cómodamente esos depredadores especulativos, quienes provocaron la crisis y quienes atacan ahora a los estados europeos. Ni mejorando la recaudación de impuestos persiguiendo el fraude fiscal, ni gravando las grandes fortunas, ni haciendo que pague más quien más gana y quien más tiene.
La decisión rompe el diálogo social en el sector público e introduce la desconfianza absoluta en la voluntad del Gobierno, pues ha vulnerado el derecho constitucional, además de dejar sin sentido el Estatuto Básico del Empleado Público. El personal funcionario no es una carga para la sociedad. Son los policías, quienes conducen los autobuses, las personas que cuidan de nuestros mayores, quienes apagan los incendios, las personas que educan a nuestros hijos, las que nos salvan en los hospitales, etcétera. Reducir el sector público es reducir el Estado del Bienestar, es incrementar las desigualdades sociales.
Las movilizaciones comenzaron con las concentraciones del día 20 de mayo y continuarán con una huelga en el sector público el día 8 de junio. El conflicto social ha aparecido como una respuesta contundente por las medidas anunciadas. El objetivo sindical es gritarle al Gobierno que no aceptamos el contenido del Real Decreto Legislativo 8/2010, que queremos que se cambie, que ahora es una huelga de un día, pero que si va más allá la respuesta aún será más fuerte. El Gobierno está obligado a participar activamente, máxime ahora que ostenta la Presidencia de la Unión, en la articulación de una respuesta coordinada por parte de la UE contra los ataques que los especuladores están realizando contra el euro, así como a instar a una regulación estricta del sector financiero y de las transacciones financieras impidiendo o haciendo muy difícil los movimientos especulativos.
El Gobierno debe escucharnos. Si callamos, si no hacemos huelga el 8 de junio, estamos diciendo a la sociedad que aceptamos, que damos por buena la degradación del valor de nuestro trabajo, y por tanto, de lo público como concepto que engloba a lo equitativo y el servicio a la ciudadanía. No somos unos privilegiados, hacemos un trabajo, prestamos un servicio, generamos riqueza para este país. Mantenemos un Estado del Bienestar que no existiría si no hubiera servicios públicos.
Arturo León, Juan Cruz, Miguel Ángel Vera
Nadie niega la presión que están ejerciendo los especuladores financieros sobre la deuda del Estado Español. Y nadie niega que el Estado debe dar una respuesta adecuada mostrando que posee recursos suficientes para devolver los préstamos que reciba ahora. Pero el
Gobierno se ha equivocado atacando al Estado del Bienestar, reduciendo condiciones sociales y atacando al sector público. Es lo fácil y lo demagógico, alimentado por el deleznable imaginario popular de unos servidores públicos que son «unos privilegiados». El Gobierno centra el ajuste presupuestario y la lucha contra el déficit rebajando el salario de quien tiene un empleo público y congelando las pensiones. No lo ha hecho regulando los mercados financieros en los que se mueven tan cómodamente esos depredadores especulativos, quienes provocaron la crisis y quienes atacan ahora a los estados europeos. Ni mejorando la recaudación de impuestos persiguiendo el fraude fiscal, ni gravando las grandes fortunas, ni haciendo que pague más quien más gana y quien más tiene.La decisión rompe el diálogo social en el sector público e introduce la desconfianza absoluta en la voluntad del Gobierno, pues ha vulnerado el derecho constitucional, además de dejar sin sentido el Estatuto Básico del Empleado Público. El personal funcionario no es una carga para la sociedad. Son los policías, quienes conducen los autobuses, las personas que cuidan de nuestros mayores, quienes apagan los incendios, las personas que educan a nuestros hijos, las que nos salvan en los hospitales, etcétera. Reducir el sector público es reducir el Estado del Bienestar, es incrementar las desigualdades sociales.
Las movilizaciones comenzaron con las concentraciones del día 20 de mayo y continuarán con una huelga en el sector público el día 8 de junio. El conflicto social ha aparecido como una respuesta contundente por las medidas anunciadas. El objetivo sindical es gritarle al Gobierno que no aceptamos el contenido del Real Decreto Legislativo 8/2010, que queremos que se cambie, que ahora es una huelga de un día, pero que si va más allá la respuesta aún será más fuerte. El Gobierno está obligado a participar activamente, máxime ahora que ostenta la Presidencia de la Unión, en la articulación de una respuesta coordinada por parte de la UE contra los ataques que los especuladores están realizando contra el euro, así como a instar a una regulación estricta del sector financiero y de las transacciones financieras impidiendo o haciendo muy difícil los movimientos especulativos.
El Gobierno debe escucharnos. Si callamos, si no hacemos huelga el 8 de junio, estamos diciendo a la sociedad que aceptamos, que damos por buena la degradación del valor de nuestro trabajo, y por tanto, de lo público como concepto que engloba a lo equitativo y el servicio a la ciudadanía. No somos unos privilegiados, hacemos un trabajo, prestamos un servicio, generamos riqueza para este país. Mantenemos un Estado del Bienestar que no existiría si no hubiera servicios públicos.
Área Pública de CC OO-PV
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