Berta Chulvi / ISTAS
“Cuando hay un incumplimiento evidente de las medidas
preventivas a que obliga la ley, ya hay delito, aunque aún no haya una víctima
directa de esa infracción”, esa es la idea que quiere transmitir Antonio
García, responsable de los servicios jurídicos de CCOO de Madrid y autor, junto
con Alejandro Domínguez, del estudio “Los delitos contra la salud de los
trabajadores”.
Habéis publicado recientemente un amplio estudio que
recoge la experiencia de los servicios jurídicos de CCOO en los juzgados de lo
penal, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de un estudio en el que hemos recogido y
sistematizado por temas todo el conjunto de conocimientos generado en CCOO de
Madrid en torno a los delitos contra la salud de los trabajadores que han
llegado a las salas de lo penal de los tribunales madrileños y en los que se ha
personado el sindicato. Hemos obtenido 86 sentencias condenatorias que suman
penas de más de 100 años de prisión y hemos acumulado una experiencia que ahora
ponemos a disposición de todo el sindicato.
No ha sido fácil llegar con los delitos contra la salud
de los trabajadores hasta los juzgados de lo penal...
Efectivamente, no ha sido fácil pero yo creo que la
tendencia se ha invertido estos últimos años. No era de recibo que existiendo
normas de prevención, procedimientos sancionadores, procedimientos penales y
una legislación que considera determinadas conductas como delictivas, pues
simplemente no se aplicara. Esto decía muy poco a favor de las personas
implicadas en la lucha contra la siniestralidad, me refiero a los organismos y
los poderes públicos.
¿Qué ha facilitado ese cambio de tendencia y en qué se
manifiesta?
La propia revisión del Código Penal de 1995 marca un
punto de partida interesante. A partir de ahí hay aspectos importantes, como la
mayor sensibilización de toda la sociedad, incluidos los sindicatos. Hay que
recordar que la Confederación de CCOO aprobó en 1998, en comisión ejecutiva, la
necesidad de personarse en los procedimientos penales en ejercicio de la
acusación popular. Y además se han hecho distintas acciones de formación y
sensibilización con jueces y fiscales. Y en numerosas comunidades se han creado
fiscalías específicas de siniestralidad laboral. Es decir, que desde distintos
ámbitos de la sociedad y del mundo judicial y sindical se ha hecho un esfuerzo
para aplicar la ley, que es de lo que se trata.
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