Delegaciones de CCOO y UGT se reunieron
ayer, 16 de julio, con representantes del Grupo Parlamentario Popular para
exponer los planteamientos sindicales en relación al Anteproyecto de Ley para
la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, dentro de la
ronda de contactos que los sindicatos están manteniendo con los distintos
grupos parlamentarios.
En la reunión, los sindicatos - la
delegación de CCOO estuvo encabezada por José Campos, secretario confederal de
Relaciones Institucionales, y Enrique Fosooul, secretario general de la FSC de
CCOO -mostraron su rechazo a la reforma de la Administración Local por su
inoportunidad e incongruencia, y porque va a ocasionar un claro deterioro de
los servicios municipales.
Aunque los representantes del PP insistieron en la necesidad de la reforma para evitar despilfarros, en opinión de CCOO “estamos ante uno de los ataques más duros al Estado del Bienestar y a nuestro propio modelo de convivencia democrática, además, con una flagrante invasión competencial a las comunidades autónomas, y a la autonomía de las entidades locales”.
Para CCOO y UGT, el afán recentralizador de la reforma derivará en numerosos litigios por chocar contra el propio ordenamiento jurídico, contraviniendo además los principios establecidos en la Carta Europea de Autonomía Local. Incluso el propio Consejo de Estado ha informado sobre la inconstitucionalidad de los planteamientos del Informe CORA, base y fundamento de la pretendida reforma.
Aunque los representantes del PP insistieron en la necesidad de la reforma para evitar despilfarros, en opinión de CCOO “estamos ante uno de los ataques más duros al Estado del Bienestar y a nuestro propio modelo de convivencia democrática, además, con una flagrante invasión competencial a las comunidades autónomas, y a la autonomía de las entidades locales”.
Para CCOO y UGT, el afán recentralizador de la reforma derivará en numerosos litigios por chocar contra el propio ordenamiento jurídico, contraviniendo además los principios establecidos en la Carta Europea de Autonomía Local. Incluso el propio Consejo de Estado ha informado sobre la inconstitucionalidad de los planteamientos del Informe CORA, base y fundamento de la pretendida reforma.
La misma línea de recortes que se plantea en las reformas educativa, sanitaria y en relación a la dependencia, se pretende aplicar ahora a los servicios en el ámbito local. Esta reforma va a suponer más recortes a los servicios públicos, a los derechos laborales, y al propio empleo público. La utilidad social queda en segundo plano en esta nueva concesión a los grupos de presión económico-financieros, beneficiando a intereses privados a cambio de una mayor presión fiscal, como siempre, sobre la ciudadanía.
La futura normativa supone también un ataque al municipalismo: supondrá un férreo control centralista sobre las entidades locales, facultando al Gobierno a imponerles sanciones, intervenirlas y privatizar sus servicios. Además, este vaciado de competencias municipales generará una pérdida de la calidad democrática de nuestro sistema, siendo los representantes municipales desposeídos de áreas notables de su gestión pública, quedando devaluado el valor añadido de su proximidad a la ciudadanía. En consecuencia, habrá un retraimiento de la participación ciudadana.
Para parar este brutal ataque al Estado del Bienestar, CCOO va a articular una campaña de concienciación y movilizaciones dirigida a los ayuntamientos, y a los trabajadores y trabajadoras y al conjunto de la ciudadanía: asambleas, concentraciones, marchas e incluso huelgas en el sector, serán algunas de las acciones a desarrollar a partir de septiembre.
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