La organización asegura que el proceder del equipo de
gobierno en el despido de la Estación Phoenix genera «gastos»
CC OO, con su secretario de la Unión
Intercomarcal del Vinalopó-Vega Baja, Martín Carpena, a la cabeza, acusó ayer
al equipo de gobierno de dilatar los procesos judiciales con los recursos y de
generar «gastos innecesarios» para las arcas municipales, y lo hizo después de
que, como publicó ayer este periódico, la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana haya rechazado el recurso
de suplicación que presentó el Ayuntamiento contra la sentencia del Juzgado de
lo Social número 3 de Elche, que le obligaba a readmitir o a indemnizar a uno
de los técnicos de la Estación Phoenix despedido en marzo de 2012, junto a
otros seis compañeros. De hecho, el Gobierno local ya ha recurrido la decisión
en casación ante el Tribunal Supremo.
Martín Carpena se mostró contundente:
«No entendemos por qué si ya hay una sentencia del TSJ el Ayuntamiento vuelve a
recurrir la decisión judicial, porque no está haciendo otra cosa que dilatar el
proceso», sentenció. A su juicio, «el equipo de gobierno tiene una
responsabilidad política y debe acatar la sentencia de un alto tribunal, que,
además, ratifica lo que ya dijo en primera instancia el juzgado».
Además, desde CC OO se preguntaron
«¿hasta cuándo pretende el Ayuntamiento de Elche hacer caso omiso a lo que los
tribunales sentencian reiteradamente dilatando los procesos judiciales e
incurriendo en gastos innecesarios? ¿Cuántos altos tribunales de Justicia más
tienen que ratificar la incorrecta gestión de personal en el Ayuntamiento de
Elche?». En esta línea, puntualizaron que «el equipo de gobierno dice que
respeta las sentencias, pero en lo laboral parece que no», y criticaron las
«contradicciones», en las que, en opinión de la organización, está incurriendo
el PP.
Mientras, la coordinadora de UPyD en Elche,
Marysol Coves, incidió en que «el pago de costas e indemnizaciones por
sentencia lo deberían asumir los políticos de turno de su bolsillo, puesto que
son causa directa de decisiones no ajustadas a derecho», y añadió que «cada
decisión política debe tener siempre su respaldo jurídico, para evitar
perjuicios a los ciudadanos y al Ayuntamiento».
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