El jueves 19 de febrero de 2015 tuvo lugar en el Juzgado de lo Penal nº 3 de
Elche el juicio contra un hombre que
amenazó con prender fuego con gasolina y un mechero a una trabajadora social
del Centro Social Polivalente de Carrús del Ayuntamiento de Elche en el año
2011.
Los hechos
sometidos a juicio sucedieron el 10 de mayo de 2011, cuando en torno a las 14:00
h, el acusado se presentó en el Centro Social Polivalente de Carrús con una
botella y un mechero en la mano
asegurando que contenía gasolina y que
su intención de prenderle fuego a la trabajadora social.
Tras casi
cuatro años de espera, el juzgado competente señaló la fecha para el pasado
jueves 19, a la cual estaban convocados la denunciante, una testigo y el
acusado, así como la acusación particular, que en este caso debía ejercerla el
Ayuntamiento de Elche por ser esta trabajadora social perteneciente al mismo y
porque las amenazas vertidas sobre ella estaban directamente relacionadas con
el ejercicio de su trabajo como funcionaria municipal.
A pesar de
que el juzgado remitió citación al Ayuntamiento de Elche en fecha 7 de enero de
2015 para su personación, nadie acudió a la celebración del juicio para
asesorar y defender los derechos de esta trabajadora social y representarla en
el procedimiento.
La Sección
Sindical de Comisiones Obreras del Ayuntamiento de Elche denuncia la
indefensión en que los trabajadores se encuentran, más aún en un área como la
de Acción Social que, desde los inicios de la crisis está soportando y
asumiendo un peso considerable de la
situación por la que muchas familias desfavorecidas atraviesan, y viéndose en
situaciones conflictivas y que ponen en riesgo su seguridad. El Concejal de
RRHH, Antonio L. Pujalte, y la Coordinadora Gral. de RRHH, Marcela Fernández,
son conocedores de estos hechos y no están tomando medidas para evitarlos.
Desde CCOO solicitamos que estos centros se dotasen de medidas efectivas y
disuasorias para que estos hechos no se volvieran a producir y hasta la fecha
no se ha actuado.
El hecho de
que la cuestión se haya dirimido en un juzgado de lo penal, y por tanto haya
sido considerada como un delito y no como una simple falta, pone aún más, si
cabe, de relieve la envergadura de los hechos y la importancia de proteger a
los trabajadores del Ayuntamiento en el ejercicio de su trabajo, así como la
falta de responsabilidad por parte del Ayuntamiento en defender a sus trabajadores
ante actos de tanta gravedad.
La semana
pasada fue noticia también la agresión a una trabajadora social del
Ayuntamiento de Alicante, que ejerce su trabajo en uno de los barrios más
desfavorecidos de la ciudad. Estas situaciones son más frecuentes de lo que
parece. De hecho, si ir más lejos, el pasado 10 de noviembre de 2014, se
celebró un juicio en la Ciudad de la Justicia de Elche por insultos, amenazas y
calumnias a esta trabajadora social y a otro compañero, donde además, se
produjeron pintadas en la fachada del centro social donde ejercen su labor. En
esta ocasión, el Ayuntamiento de Elche sí se personó en el juicio, aunque no
queda claro si fue para defender las amenazas a los trabajadores sociales o los
desperfectos sobre el inmueble.
El sindicato
Comisiones Obreras del Ayuntamiento de Elche recuerda que la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
recoge que: “Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter
individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de
servicio: …f) A la defensa jurídica y protección de la Administración
Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional
como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos”.
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