El Área Pública de CCOO (integrada por las federaciones de Servicios a la Ciudadanía, Enseñanza y Sanidad y Sectores Sociosanitarios) se ha reunido esta mañana con María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo en funciones, para tratar la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 8/2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Cava de Llano ha informado a los secretarios generales del Área Pública (Enrique Fossoul, José Campos y Antonio Cabrera) de que va a acumular todas las peticiones en relación con el Real Decreto Ley 8/2010, publicado en el BOE el 24 de mayo de 2010 y convalidado por el Congreso de los Diputados el 27 de mayo, para emitir un informe lo antes posible.
CCOO justifica su petición en cuestiones tanto de fondo como de forma. En cuanto a los motivos formales, el sindicato argumenta que el decreto-ley precisa para su uso de la existencia de "extraordinaria y urgente necesidad", lo cual, para CCOO, no se cumple en este caso. En relación con este punto, CCOO indica que si bien no cuestiona "la gravedad de la crisis económica, ni la necesidad de adoptar medidas de control de las cuentas públicas", la crisis era "perfectamente conocida".
En relación con los motivos de fondo, el Área Pública de CCOO cita la supresión de derechos constitucionales, la expropiación del valor del trabajo y la mala fe negocial por parte del Gobierno. Asimismo, alude a la vulneración de derechos fundamentales como el de libertad sindical en relación con el derecho a la negociación colectiva. En ese punto denuncia la unilateralidad en el recorte de derechos sociales, plasmada, entre otros puntos, en la suspensión del Acuerdo Gobierno-sindicatos 2010-2012 en su aspecto retributivo, lo que para el sindicato constituye "una agresión sin precedentes a los derechos básicos, hurtando la negociación a la representación sindical".
El Área Pública de CCOO también incluye en la exposición de motivos la intrusión del Estado en competencias de las comunidades autónomas y de los entes locales; la vulneración de la legislación laboral, dado que "la reducción salarial supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo"; y la vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Convenio 151 de la OIT.
Comisiones Obreras espera que el Defensor del Pueblo, el único recurso de la sociedad para acceder al Tribunal Constitucional, resuelva favorablemente la solicitud y se inicie un cauce jurídico para tratar de frenar el recorte de derechos salariales y sociales de los empleados públicos.
Cava de Llano ha informado a los secretarios generales del Área Pública (Enrique Fossoul, José Campos y Antonio Cabrera) de que va a acumular todas las peticiones en relación con el Real Decreto Ley 8/2010, publicado en el BOE el 24 de mayo de 2010 y convalidado por el Congreso de los Diputados el 27 de mayo, para emitir un informe lo antes posible.CCOO justifica su petición en cuestiones tanto de fondo como de forma. En cuanto a los motivos formales, el sindicato argumenta que el decreto-ley precisa para su uso de la existencia de "extraordinaria y urgente necesidad", lo cual, para CCOO, no se cumple en este caso. En relación con este punto, CCOO indica que si bien no cuestiona "la gravedad de la crisis económica, ni la necesidad de adoptar medidas de control de las cuentas públicas", la crisis era "perfectamente conocida".
En relación con los motivos de fondo, el Área Pública de CCOO cita la supresión de derechos constitucionales, la expropiación del valor del trabajo y la mala fe negocial por parte del Gobierno. Asimismo, alude a la vulneración de derechos fundamentales como el de libertad sindical en relación con el derecho a la negociación colectiva. En ese punto denuncia la unilateralidad en el recorte de derechos sociales, plasmada, entre otros puntos, en la suspensión del Acuerdo Gobierno-sindicatos 2010-2012 en su aspecto retributivo, lo que para el sindicato constituye "una agresión sin precedentes a los derechos básicos, hurtando la negociación a la representación sindical".
El Área Pública de CCOO también incluye en la exposición de motivos la intrusión del Estado en competencias de las comunidades autónomas y de los entes locales; la vulneración de la legislación laboral, dado que "la reducción salarial supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo"; y la vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Convenio 151 de la OIT.
Comisiones Obreras espera que el Defensor del Pueblo, el único recurso de la sociedad para acceder al Tribunal Constitucional, resuelva favorablemente la solicitud y se inicie un cauce jurídico para tratar de frenar el recorte de derechos salariales y sociales de los empleados públicos.
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