Madrid, 10 de julio de 2012
El Gobierno ha convocado en el día de ayer la Mesa
General de Negociación de la Función Pública con un único punto del orden del
día: RD Ley de medidas urgentes de racionalización y reducción del gasto en
materia de empleo público y recortes de gasto en el empleo público. El
ejecutivo, se ha visto obligado a convocar este ámbito al único efecto de
cumplir con la formalidad de informar de las medidas, como viene siendo habitual
en él, sin ninguna voluntad política de negociar.
Bajo la excusa de la crisis se pretende vulnerar
una vez más la ley o sea el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, aprobado
por absoluto consenso de todo el arco parlamentario en 2007. Se sustituye el
derecho a la negociación colectiva por la imposición autoritaria. Y esto se
hace para acatar las imposiciones directas realizadas tras el rescate del
sector financiero español. Condiciones e imposiciones que el gobierno ha negado
que se hubiesen producido durante la negociación del rescate y que los hechos hoy
desmienten. Sin otra información más que los distintos rumores publicados por
la prensa, desde la propia administración se adelanta que serán medidas “muy
duras” que afectarán al empleo, a los salarios y a las condiciones de trabajo,
sin que hasta hoy se hayan concretado por parte del gobierno.
Para el Área Pública (Servicios a la Ciudadanía,
Sanidad y Enseñanza) de CCOO, esta nueva tropelía del gobierno resulta
inaceptable ya que añade más injusticia a una situación caracterizada por la pérdida
ya producida de más de 180.000 empleos en el sector público, a lo que hay que
añadir la pérdida de poder adquisitivo por encima del 13% de las personas al
servicio del sector público.
Todo ello no solo deteriora la calidad del servicio
y las condiciones laborales de estos trabajadores sino que perjudica gravemente
al conjunto de la economía al retraer la demanda y reducir la capacidad de
intervención del Estado. Por todo ello, lo rechazamos por autoritario, injusto
y perjudicial para el conjunto de las personas al servicio de los ciudadanos y
para la mayoría de la sociedad.
CCOO se opondrá con todos los medios a su alcance
al atropello a los empleados y empleadas públicas que pretende llevar a cabo el
gobierno, para lo que se dirigirá al resto de sindicatos del ámbito de lo
público para proponer llevar a cabo una campaña unitaria contra los recortes.
El gobierno ha de saber que estos recortes tampoco van a ser pacíficos, con lo
que, si no rectifica, será el propio gobierno quien se reafirma en que opta por
la confrontación, renunciado al dialogo social y apostando por la imposición.
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