Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el empleo público ha
descendido en 300.300 personas (un -9,33 %) en los últimos 18 meses, de las que
142.600 son mujeres y 157.700 hombres. Andalucía ha perdido alrededor de 55.600
empleos públicos, de los que 20.700 corresponden a ayuntamientos y
diputaciones. CCOO denuncia el consiguiente deterioro de los servicios.
El
Sector de Administración Local denuncia el deterioro y la disminución de
servicios a la ciudadanía que necesariamente viene acarreada por la pérdida de
empleo que refleja la EPA y que cifra en 300.300 personas (un -9,33 %) en los
últimos 18 meses.
Este dramático descenso se ha cebado, principalmente, entre los trabajadores y
trabajadoras que tenían contratos temporales, destruyendo 224.800 empleos. Y ha
supuesto la pérdida o amortización de 75.500 plazas, vinculadas a los contratos
fijos destruidos.
Pero además, conlleva el anquilosamiento de las Administraciones Públicas, ya
que, mientras por un lado, se destruyen 108.300 empleos de jóvenes, provocando
la desaparición del 35,7 %, de un colectivo poco frecuente y, por otro, se
mantienen en activo 24.400 personas con más de 65 años.
Aproximadamente, 20.000 jóvenes menores de 30 años,
han dejado de trabajar en el sector público, mientras que 4.514 personas con
más de 65 años siguen trabajando, en vez de jubilarse.
En Andalucía se han perdido casi 20.700 empleos en los ayuntamientos y
diputaciones. 14.000 hombres y 6.600 mujeres han dejado de prestar servicios en
la Administración más cercana a la ciudadanía. Y más de 7.100 jóvenes ya no
trabajan, mientras que casi 550 mayores de 65 años, siguen en activo.
Esta política tiene especial incidencia en la Administración Local que, de continuar
con esta tendencia y sumándole la pretensión del gobierno de vaciarla de
competencias, va a dejar de ser el referente de la ciudadanía para atender sus
necesidades más básicas; y perderá su vocación de superación de las
desigualdades de sus habitantes.
CCOO está obligado a frenar esta agresión, implicando a los trabajadores y
trabajadoras, a la ciudadanía y a los propios políticos municipales.
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