Defensem
CCOO denuncia que desde el comienzo oficial de la crisis económica actual, cuyas causas tienen su origen en decisiones políticas contrarias a la intervención pública para corregir el modelo productivo, uno de los elementos afectados ha sido el empleo público, que en el Pais Valenciano ha supuesto una reducción de 1000 empleos de media por año.
En las administraciones locales del Pais Valencià, las restricciones políticas al empleo, y en concreto al empleo público de carácter permanente (personal laboral indefinido o funcionarios de carrera) tienen consecuencias nefastas.
A partir de los datos brutos de oferta pública de empleo entre los años 2008 y 2013 permiten alcanzar algunas conclusiones en torno a esta cuestión.
Del análisis de los datos brutos del periodo de referencia se desprende con carácter general que hasta 2009 se mantiene un impulso inercial del empleo público ofertado, con la excepción de las comarcas del norte que presentan un descenso continuado desde el inicio del periodo. A partir de ese momento el descenso es sistemático cayendo brutalmente la oferta de empleo.
La caída de 2010 coincide con la primera reducción en el marco de la ley de los PGE de la tasa de reposición de efectivos, restricción a la incorporación de personal que se ha mantenido e incluso endurecido hasta la actualidad.
Dentro de esta política de restricciones cabe llamar la atención sobre el ínfimo porcentaje de personas con discapacidad que han podido acceder al empleo público en este periodo, ya aque mientras el artículo 59 EBEP, indica que “en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad”, de las 3602 plazas de la oferta pública acumulada en el periodo de referencia solamente 41 (el 0,88%) se han reservado al turno restringido de personas con discapacidad. Cifra muy alejada de la previsión del EBEP.
La Administración Local no tiene capacidad legislativa, y su autonomía (aunque predicada constitucionalmente) es realmente menor que la del resto de niveles administrativos básicos. Ello se traduce en la práctica en que los controles coercitivos que sufre, vía supervisión de la Delegación del Gobierno, inciden más en las restricciones normativas al empleo público que en el resto de administraciones territoriales.
El nivel de convocatorias desciende a lo largo del periodo de referencia en todos los territorios y en todos los tipos de convocatoria, el número de convocatorias en 2013 es muy inferior en todos los ítems que en 2008.
En definitiva, el nivel de empleo público estable en la Administración Local Valenciana cae drásticamente sin reponer suficientemente los efectivos necesarios para garantizar la prestación de los servicios mediante empleo de calidad y con independencia y profesionalidad acreditada a través de procedimientos de pública concurrencia y mecanismos selectivos adecuados. El aumento de la temporalidad (con una media de 120 convocatorias por año de trabajo temporal, unas 40 en lo que llevamos de 2014), la privatización de servicios o la disminución de los mismos son las consecuencias, no excluyentes entre sí, de este proceso de destrucción de empleo público estable.
En las administraciones locales del Pais Valencià, las restricciones políticas al empleo, y en concreto al empleo público de carácter permanente (personal laboral indefinido o funcionarios de carrera) tienen consecuencias nefastas.
A partir de los datos brutos de oferta pública de empleo entre los años 2008 y 2013 permiten alcanzar algunas conclusiones en torno a esta cuestión.
Del análisis de los datos brutos del periodo de referencia se desprende con carácter general que hasta 2009 se mantiene un impulso inercial del empleo público ofertado, con la excepción de las comarcas del norte que presentan un descenso continuado desde el inicio del periodo. A partir de ese momento el descenso es sistemático cayendo brutalmente la oferta de empleo.
La caída de 2010 coincide con la primera reducción en el marco de la ley de los PGE de la tasa de reposición de efectivos, restricción a la incorporación de personal que se ha mantenido e incluso endurecido hasta la actualidad.
Dentro de esta política de restricciones cabe llamar la atención sobre el ínfimo porcentaje de personas con discapacidad que han podido acceder al empleo público en este periodo, ya aque mientras el artículo 59 EBEP, indica que “en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad”, de las 3602 plazas de la oferta pública acumulada en el periodo de referencia solamente 41 (el 0,88%) se han reservado al turno restringido de personas con discapacidad. Cifra muy alejada de la previsión del EBEP.
La Administración Local no tiene capacidad legislativa, y su autonomía (aunque predicada constitucionalmente) es realmente menor que la del resto de niveles administrativos básicos. Ello se traduce en la práctica en que los controles coercitivos que sufre, vía supervisión de la Delegación del Gobierno, inciden más en las restricciones normativas al empleo público que en el resto de administraciones territoriales.
El nivel de convocatorias desciende a lo largo del periodo de referencia en todos los territorios y en todos los tipos de convocatoria, el número de convocatorias en 2013 es muy inferior en todos los ítems que en 2008.
En definitiva, el nivel de empleo público estable en la Administración Local Valenciana cae drásticamente sin reponer suficientemente los efectivos necesarios para garantizar la prestación de los servicios mediante empleo de calidad y con independencia y profesionalidad acreditada a través de procedimientos de pública concurrencia y mecanismos selectivos adecuados. El aumento de la temporalidad (con una media de 120 convocatorias por año de trabajo temporal, unas 40 en lo que llevamos de 2014), la privatización de servicios o la disminución de los mismos son las consecuencias, no excluyentes entre sí, de este proceso de destrucción de empleo público estable.
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