Julio Conesa
Responsable
de Administración Local de CCOO-PV
La seguridad
en los espacios públicos es un importante bocado que quieren llevarse las
empresas de seguridad privada y el tráfico genera un importante volumen de
ingresos económicos apetecibles para abrir negocio.
El Gobierno,
siguiendo al dictado las instrucciones de la troika, sacó un anteproyecto de ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local que en un año ha
tenido más de 15 versiones. Y no ha sido fruto de una negociación con los
agentes sociales implicados, sino más bien estas versiones han ido variando en
función de los intereses poco transparentes de diferentes lobbies.
Algunas de
estas presiones han conseguido incluso la aparición en la propuesta del Gobierno
de artículos nuevos completos que modifican muy sustancialmente otras leyes, no
sólo la de Régimen Local del 85 como por ejemplo el Estatuto Básico del
Empleado Público.
En materia
de seguridad local nos encontramos con algo sospechosamente tan grave como que
el artículo 25 de la Ley 7/85 que tenía como competencia municipal en el
apartado a) y b ) la seguridad en espacios públicos y la ordenación del
tráfico, dos conceptos muy amplios que garantizaban la asunción de responsabilidades
de todo tipo en estas materias, ahora desaparecen. Y esto cuando en paralelo se
sabe que se van a reformar la Ley de seguridad privada, la Ley de Seguridad
Vial y que se pretende abordar una ley estatal de Policía Local.
¿Ponemos las
barbas a remojo después de ver lo que pasa con servicios sociales municipales,
con educación, con tantas y tantas cosas? Pues parece que debemos hacerlo, ya que es de todos conocidos que la
seguridad en los espacios públicos es un importante bocado que quieren llevarse
las empresas de seguridad privada y que el tráfico produce un importante
volumen de ingresos económicos apetecibles para abrir negocio.
La
competencia en materia de policía local continúa como competencia municipal en
el apartado f) según el proyecto de ley. Ya hace años que algunos
ayuntamientos, frente a la ausencia de financiación, claman por que les quiten
los policías, por ser un colectivo que absorbe gran parte del presupuesto
municipal y consideran que con vigilantes sería suficiente.
El riesgo,
en una deriva centralista como la actual, es grande. Se cargan el principio
básico de los servicios de proximidad a la ciudadanía y esto va en contra de
los servicios públicos municipales, también el de seguridad. En Comisiones
Obreras, desde una perspectiva socio-política, pero también profesional estamos
llevando una campaña en todo el Estado para detener esta barbaridad.
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