LA REFORMA DE LA ADMON. LOCAL ES IDEOLÓGICA

DECLARACIÓN MUNICIPALISTA

POR LA PARALIZACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Las entidades locales son esenciales para los ciudadanos

Los municipios valencianos, y  del resto del Estado son una de las expresiones más evidentes de la recuperación y consolidación de la democracia en nuestro país. Hace 35 años que miles de concejales y concejalas, alcaldesas y alcaldes, elegidos por sus vecinos y vecinas, accedieron al gobierno de los ayuntamientos con la prioridad de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos desde la proximidad, así como apoyar aquellos retos y actuaciones impulsados por la ciudadanía en su entorno más cercano.

Hoy día la tasa de pobreza relativa en nuestra Comunidad supera el 21% y el desempleo, con una tasa del 28,29%, 2 puntos por encima de la media estatal,  ha ascendido a niveles históricos con una caída en picado de la ocupación y una disminución de la población activa.

La situación de crisis conlleva una mayor demanda de cobertura de los servicios públicos, en particular de los servicios sociales y el fomento del empleo. Si existe más situación de riesgo y desprotección, es imprescindible mayor implicación de los poderes públicos para garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía y evitar la desigualdad. Sin embargo es, en el punto álgido de la crisis, cuando el gobierno del PP se plantea dejar a las personas más vulnerables sin la cobertura de los servicios públicos: la educación, la sanidad, la dependencia y, con este Proyecto de Ley, también sin los servicios que prestan los ayuntamientos en nuestras ciudades y pueblos. Estos recortes son sin duda la consecuencia más perversa del ataque al Estado del Bienestar por parte de las políticas del gobierno.

Nuestro desarrollo democrático ha configurado a las Entidades Locales como las auténticas prestadoras de servicios públicos a la ciudadanía, garantizando la cohesión social interterritorial y la igualdad. De los 542 municipios de la Comunidad Valenciana, 477 tienen menos de 20.000 habitantes. Esto supone que, según lo previsto en el Proyecto de Ley, casi el 88% de los municipios valencianos no solo dejarán de prestar servicios, además peligra su existencia, ya que ésta se evalúa solo en términos de rentabilidad económica. Sólo 65 municipios valencianos cuentan con más de 20.000 habitantes estando, entre estos, los que acumulan el grueso del déficit y endeudamiento. El Proyecto de Ley también penaliza el mantenimiento de los actuales servicios y prestaciones locales en estas poblaciones medianas o grandes, confiando  su continuidad a la voluntad política y solvencia económica de las autonomías.

Este enfoque puede hacer muy restrictiva la delegación de la prestación de servicios por parte de las Autonomías en los Ayuntamientos, y supondrá la destrucción de los servicios  municipales, el desmantelamiento del sector público local y el consiguiente riesgo de pérdida  250.000 puestos de trabajo, en el Estado Español y alrededor de 25.000 en el País Valencià.

La excusa primordial de la Reforma es económica, pero a nadie se le escapa el componente ideológico que hay detrás. La apuesta por el adelgazamiento de la administración pública y la recentralización de competencias, en beneficio de la privatización de los servicios públicos, es el modelo de gestión del PP, pionero en la Comunidad Valenciana, un modelo que busca ante todo la rentabilidad económica  y  desprecia la rentabilidad social.

Con este recorte de competencias el gobierno pretende financiar una deuda que las Administraciones Locales no han generado. Ello Implica recortar democracia y supone también una agresión sin precedentes contra la autonomía local que pone en peligro el modelo de pueblos y ciudades que hemos construido desde la recuperación de la democracia en 1979.

Sin embargo, un modelo de administración local altamente descentralizado es más eficiente en cuanto a la atención de las necesidades de la ciudadanía y a su vez crea y redistribuye la riqueza. El papel de los ayuntamientos es vital para la economía local, con menos, hacen más, ya que se trata de la administración más eficiente en la relación de los recursos empleados y la calidad de los servicios que oferta.

En definitiva, este Proyecto supone un ataque a la autonomía local y un castigo a la ciudadanía que se verá privada de servicios como:  la asistencia a mujeres víctimas de violencia de género,  las  ayudas a domicilio y apoyo a la familia, servicios de prevención e inserción social, la desaparición de las oficinas de información a los consumidores o los servicios de orientación laboral y formación para el empleo, así como la promoción económica, cultural, los programas de infancia, de juventud, de la mujer, de tercera edad, inmigración, participación ciudadana, guarderías infantiles, conservatorios de música, escuelas de adultos, y programas en el ámbito educativo, así como la más que probable privatización de la seguridad en espacios públicos y la ordenación del tráfico. En definitiva, la Reforma pretendida por el Gobierno  opta por destruir los servicios, recortar la democracia y poner en peligro la convivencia y bienestar de los ciudadanos y ciudadanas.

Por todo ello, Las Organizaciones políticas y sindicales que suscriben la presente Declaración

PRIMERO.- Manifestamos nuestro  rechazo al Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales que el Gobierno pretende aprobar y  que  está en trámite parlamentario.

SEGUNDO.- Apoyamos la movilización del conjunto de la sociedad en defensa del Estado de Bienestar y de la pervivencia de  pueblos y ciudades con servicios dignos, donde se  garantice la igualdad de oportunidades y la protección de las familias, ante la difícil situación por la que están atravesando.

TERCERO.- Reclamamos el mantenimiento de los puestos de trabajo en riesgo y manifestamos nuestro rechazo a la privatización de los servicios públicos.

CUARTO.- Exigimos una financiación local justa y suficiente que permita la consolidación del modelo democrático local desarrollado durante los últimos 30 años, que tiene como base la proximidad y como prioridad las personas.