La propuesta del ministro del Interior, Jorge Fernández, de que la
seguridad pública pase a manos de empresas privadas de seguridad, además de
ensombrecer el horizonte de derechos y libertades de la ciudadanía, es un jalón
más en una doble carrera emprendida por el Gobierno y el partido que lo
sustenta.
Juan Carlos Rodríguez de la Coba, Secretario de Comunicación de
FSC-CCOO*
Por una parte, apuesta decididamente por ceder al mercado parte del espacio que
hoy ocupa la seguridad ejercida por empleados públicos y con condición de
agentes de la autoridad. No es cierto que estemos hablando como se ha dicho de
una privatización encubierta; es una privatización bien a las claras. Un
abaratamiento de la mano de obra que desempeña el ejercicio de al menos una
parte de la seguridad pública.Y siendo esto así, en buena lógica, es preciso actuar en consecuencia. Y ahí viene el segundo hito en esa doble carrera, al ceder al mundo empresarial y a la iniciativa privada una parte de lo que hasta hoy ha sido siempre, incluso entre las posiciones liberales más ultraortodoxas, monopolio exclusivo del Estado: el uso de la fuerza coercitiva de la sociedad en pro del interés y el bien general, y la legitimidad para privar a un ciudadano o una ciudadana de su libertad a través de una detención.
El camino emprendido por el Gobierno de la nación ahonda en la dirección de la
demolición de lo público para beneficio de determinados sectores económicos.
Así lo ha reconocido expresamente el ministro Fernández. Hay que darle negocio
a este sector muy golpeado por la crisis y probablemente también por el fin de
la transferencia de fondos públicos que significaba la custodia de personas
amenazadas por el terrorismo y que ha significado una pérdida de importantes
ingresos en el sector. La custodia externa de los centros penitenciarios
entregada a empresas del sector es otra medida con ese mismo origen.
Si al análisis de esta medida, añadimos la reforma del código penal y de la Ley
de Seguridad Ciudadana, el resultado es un escenario en el inmediato futuro en
el que cualquier agravamiento del conflicto social puede arrojar resultados
demoledores para el régimen de libertades de este país.
En este nuevo contexto legal, ¿cómo actuará la seguridad privada ante la presencia de piquetes informativos en los centros comerciales en el transcurso de una huelga, o ante manifestaciones u otras expresiones de movilización social? ¿Procediendo a la detención de los huelguistas azuzados por sus patronos?
En este nuevo contexto legal, ¿cómo actuará la seguridad privada ante la presencia de piquetes informativos en los centros comerciales en el transcurso de una huelga, o ante manifestaciones u otras expresiones de movilización social? ¿Procediendo a la detención de los huelguistas azuzados por sus patronos?
Esta medida consolida la senda de la entrega al mercado de competencias y
prestaciones que unas administraciones menguantes no van a poder garantizar,
sujetas a fuertes restricciones presupuestarias y del empleo público. Mientras,
sigue aumentando el nivel de transferencia de recursos desde la esfera del
sector público hacia el mundo económico y empresarial de este país.
Y por si eso no fuera poco, lo hace en una materia tan sensible como la
seguridad y el respeto a las leyes, incluidas aquellas que habrían de
garantizar la libertad de expresión y de manifestación de la ciudadanía en
sociedades en plena crisis económica, social y política.
Jamás fortalecer los instrumentos de control social ha sido suficiente para
detener la expresión del conflicto social como podría atestiguar en estos días
el tan citado y llorado Nelson Mandela. Únicamente ha sido útil para hacerlo
con mucho más dolor.
* Fue responsable de la Agrupación de la Policía Local y Autonómicas en la antigua Federación de Servicios y Administraciones Públicas (FSAP) de CCOO y encargado de las relaciones con el SUP y la AUGC.
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