La repercusión directa sobre las condiciones de trabajo del personal de
la Función Pública Valenciana de la nueva Ley de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local obliga a que las modificaciones sean
negociadas con las organizaciones representativas.
La publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 7/2013 de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local exige que la Generalitat
valenciana elabore un plan para la evaluación, reestructuración e implantación
de aquellos servicios de los que deberá asumir la cobertura en los plazos que
marca la Ley.
La consecuencia inmediata de la entrada en vigor de esta norma es
asunción por parte de las comunidades autónomas de competencias en materias
relativas a educación, sanidad, servicios sociales e inspección sanitaria, que
estaban realizando los municipios, diputaciones o entidades equivalentes.
Las decisiones que deben adoptarse por las diferentes administraciones
públicas afectan a su potestad de autoorganización. Sin embargo, al tener
repercusión directa sobre las condiciones de trabajo del personal a su servicio
-tal y como establece el Artículo 37.2ª) del Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP) y el Artículo 154.3ª) de la Ley de Ordenación y Gestión de la
Función Pública Valenciana- deben ser negociadas con las organizaciones
representativas.
Los sindicatos han mostrado su rechazo al contenido de la norma en
defensa de una reforma que contemplara, no sólo la consolidación de las
competencias municipales, sino la financiación suficiente de las mismas. Dicho
cuestionamiento no es óbice para que las organizaciones sindicales cumplan con
su obligación en materia de desarrollo de la norma y participación en su
aplicación. La prioridad sindical al respecto es “garantizar el mantenimiento
de los servicios, los empleos y la calidad, eficacia y eficiencia de los
mismos”.
En este sentido, estas organizaciones sindicales se han dirigido a la
Generalitat solicitando la convocatoria urgente de una mesa de negociación
compuesta por la propia Generalitat, la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias y los sindicatos representativos en el ámbito de las
administraciones locales valencianas, para la aplicación de esta Ley en esta
comunidad.
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