Tras la aprobación de la Ley 27/2013 de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, estamos empezando
a notar los efectos de esta norma que modifica la Ley 7/85 echando por la borda
más de 35 años de municipalismo.
Una nueva ley que al nacer sin el consenso necesario,
tiene por vocación la opacidad y la afectación negativa al Estado del bienestar
social construido durante estos años.
Hemos combatido sus previsibles efectos durante su trámite parlamentario, que como sabemos:
Invade el derecho de los municipios a autoorganizarse y las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de administración local, así como otras legislaciones de carácter sectorial sobre inmigración, mujer, educación, etc.
Vacía la capacidad de gestión de los Ayuntamientos. Excluye directamente de las competencias municipales todo lo relativo a servicios sociales, educación y sanidad, mermando, en definitiva, los servicios a la ciudadanía que desde el ámbito local se prestan.
Potencia la supresión y las privatizaciones de servicios, para el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera.
Implica una importante pérdida de capacidad política y económica de los Ayuntamientos, así como una pérdida de participación social directa acabando con el municipalismo de proximidad y alejando a los ciudadanos de la Administración más cercana, volviendo así a la situación existente en los años 40 del siglo pasado.
Subordina el papel de los Ayuntamientos a las Diputaciones y Gobiernos Autonómicos, recentralizando competencias de control y normativa a favor del Estado.
No aborda la financiación de la Administración Local adecuada a los servicios que presta a la ciudadanía, lo que hace es quitar competencias en lugar de financiarlas.
Esta ley retrocede en la aplicación de los principios establecidos en la Carta Europea del Autonomía Local, ratificada por el Estado Español el 20 de enero de 1988, que define en su Art. 3, el concepto de Autonomía Local como “el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades Locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos” y, en su Art. 4, Alcance de la Autonomía Local “el ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos”.
En este momento, de manera premeditada, la Generalitat está tomando decisiones en torno a las consecuencias y posibles derivaciones de la aplicación de la “contrarreforma local” sin contar con los agentes sociales, ni municipios, ni sindicatos. Prueba de ello es la Orden de subvenciones publicada el 7 de enero de 2014 que todos los años incluia a los ayuntamientos y este año, tras la publicación de la Ley 27/2013, ya no lo ha hecho, entrando en una dinámica de falta de transparecia que no se puede tolerar.
El desarrollo de la ley, su implantación en la Comunidad Valenciana, las modificaciones legales que va a producir sobre las normas autonómicas, etc., exige diálogo, encuentro, negociación y acuerdos, para que los servicios prestados y el empleo no se vean afectados.
Por todo ello, UGT, CCOO y CSIF demandamos una Mesa de Negociación de ámbito autonómico formada por la propia Generalitat, la FVMP y las Organizaciones Sindicales más Representativas en el ámbito de todas las Administraciones Públicas Valencianas, incluidos todos los Entes Locales Valencianos.
Sin embargo la respuesta es que NO desde la Dirección General de la Administración Local de la Conselleria.
Por ello os informamos que hemos convocado una CONCENTRACIÓN para el próximo día 20 de Febrero a las 12h ante el Palau de la Generalitat.
Esperamos vuestro acuerdo, compromiso y apoyo conscientes de los efectos tan negativos de la “contrarreforma” de la Administración Local, nos va a acarrear.
Hemos combatido sus previsibles efectos durante su trámite parlamentario, que como sabemos:
Invade el derecho de los municipios a autoorganizarse y las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de administración local, así como otras legislaciones de carácter sectorial sobre inmigración, mujer, educación, etc.
Vacía la capacidad de gestión de los Ayuntamientos. Excluye directamente de las competencias municipales todo lo relativo a servicios sociales, educación y sanidad, mermando, en definitiva, los servicios a la ciudadanía que desde el ámbito local se prestan.
Potencia la supresión y las privatizaciones de servicios, para el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera.
Implica una importante pérdida de capacidad política y económica de los Ayuntamientos, así como una pérdida de participación social directa acabando con el municipalismo de proximidad y alejando a los ciudadanos de la Administración más cercana, volviendo así a la situación existente en los años 40 del siglo pasado.
Subordina el papel de los Ayuntamientos a las Diputaciones y Gobiernos Autonómicos, recentralizando competencias de control y normativa a favor del Estado.
No aborda la financiación de la Administración Local adecuada a los servicios que presta a la ciudadanía, lo que hace es quitar competencias en lugar de financiarlas.
Esta ley retrocede en la aplicación de los principios establecidos en la Carta Europea del Autonomía Local, ratificada por el Estado Español el 20 de enero de 1988, que define en su Art. 3, el concepto de Autonomía Local como “el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades Locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos” y, en su Art. 4, Alcance de la Autonomía Local “el ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos”.
En este momento, de manera premeditada, la Generalitat está tomando decisiones en torno a las consecuencias y posibles derivaciones de la aplicación de la “contrarreforma local” sin contar con los agentes sociales, ni municipios, ni sindicatos. Prueba de ello es la Orden de subvenciones publicada el 7 de enero de 2014 que todos los años incluia a los ayuntamientos y este año, tras la publicación de la Ley 27/2013, ya no lo ha hecho, entrando en una dinámica de falta de transparecia que no se puede tolerar.
El desarrollo de la ley, su implantación en la Comunidad Valenciana, las modificaciones legales que va a producir sobre las normas autonómicas, etc., exige diálogo, encuentro, negociación y acuerdos, para que los servicios prestados y el empleo no se vean afectados.
Por todo ello, UGT, CCOO y CSIF demandamos una Mesa de Negociación de ámbito autonómico formada por la propia Generalitat, la FVMP y las Organizaciones Sindicales más Representativas en el ámbito de todas las Administraciones Públicas Valencianas, incluidos todos los Entes Locales Valencianos.
Sin embargo la respuesta es que NO desde la Dirección General de la Administración Local de la Conselleria.
Por ello os informamos que hemos convocado una CONCENTRACIÓN para el próximo día 20 de Febrero a las 12h ante el Palau de la Generalitat.
Esperamos vuestro acuerdo, compromiso y apoyo conscientes de los efectos tan negativos de la “contrarreforma” de la Administración Local, nos va a acarrear.
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